'Aquí, ni un niño se escapa'

Por Thais Lazzeri 

Fecha: 26/01/2021

En la tradición indígena-amazónica, las mujeres son las guardianas de las semillas y de la biodiversidad. Como portadoras de esta responsabilidad, en 2019 marcharon ante el Congreso Nacional de Brasil ‘por el derecho al territorio y a la vida’. Juntas. Por primera vez en la historia del país. 

Pero, cuando las manifestaciones terminaron, ellas volvieron a sus comunidades y se convirtieron en blancos solitarios de acciones violentas por defender sus tierras, sus orígenes y la sobrevivencia de sus pueblos. 

Sus vidas están marcadas por agresiones como lo muestran las historias de mujeres contadas en este especial de Repórter Brasil en alianza con CONNECTAS.

En el interior del estado brasileño de Amazonas, en la región fronteriza de Alto Solimões, las personas de raza blanca determinan quiénes son los Kokamas y llegan a calificarlos como “no descendientes de indígenas”. Sin el reconocimiento de su identidad y su derecho al territorio, la presencia de invasores ilegales en las tierras de esta etnia ha crecido. 

Desde hace más de un año Milena Kokama de 62 años, madre, abuela y líder vive exiliada dentro de su propio país por denunciar invasiones de acaparadores de tierras y madereros. Ella ya fue “cazada”, identificada y amedrentada por tiradores desconocidos en las calles de Manaos (capital del estado Amazonas) e, incluso, dentro de un edificio del gobierno brasileño.

En el estado de Mato Grosso do Sul pasa algo parecido. Las autoridades creen tener la potestad de determinar que los indígenas Guaraní Kaiowá, establecidos en la ciudad de Dourados son, en realidad, invasores paraguayos y, por lo tanto, no pueden ser considerados ciudadanos brasileños.

Esta práctica no se queda en las decisiones gubernamentales. En agosto de este año, la deshumanización de los grupos aborígenes fue noticia debido a comentarios racistas y discriminatorios: periodistas de un programa local los compararon con animales hambrientos que rasgan bolsas de basura en busca de comida.

Sobre este barril de pólvora resiste Jaqueline Gonçalves: lideresa de 30 años, cuya vivienda fue rociada con combustible por denunciar violaciones de derechos humanos en enero de 2020.

Por su parte, en el estado de Maranhão hasta la Policía Federal brasileña se refiere a los indígenas Akroá Gamella como: “los que dicen ser indios”. 

Como tantas otras comunidades amenazadas de desaparición durante la dictadura militar que vivió el país entre 1964 y 1985, los Akroá Gamella se protegieron escondiendo su identidad por décadas. Fueron considerados “extintos” y sus tierras fueron ocupadas por invasores. 

Debido a eso, actualmente existe un proceso de parcelación por parte del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria de Brasil (Incra). Cuando decidieron retomar su identidad indígena y reclamaron su territorio, los Akroá Gamella fueron tachados de invasores. 

“Aquí es amenaza de día, amenaza de noche”, afirma la líder Pjchre*, madre soltera, que vive con sus hijos en un área retomada, y que prefirió hablar bajo anonimato: “Aquí ni los niños escapan a la persecución”, aseguró.

Generaciones de líderes indígenas están articulándose en todo Brasil y asumen diariamente el riesgo de luchas al lado de sus comunidades. Las mujeres encabezan estas reivindicaciones.

“Negar nuestra identidad es una acción tan violenta como asesinar o amenazar a un líder. Es importante pensar en la contribución de las mujeres en esta disputa de narrativa. Nosotras somos un camino de la cura. El racismo y el etnocidio matan cuerpos vivos”, afirma la educadora y activista indígena, Célia Xakriabá. Es la primera estudiante de doctorado indígena en la Universidad Federal de Minas Gerais. 

Un jueves como cualquiera —esta vez del 23 de enero de 2020—, el presidente de la República inició la transmisión de otro de sus lives con el resumen de la semana.

Tras referir nombramientos de segunda línea en su gabinete, a partir de la mitad de la transmisión entró en uno de los asuntos más espinosos de su gobierno: la protección a los pueblos indígenas y su gestión frente a la crisis ambiental. 

En aquella transmisión en vivo, el mandatario anunció la “creación” del Consejo de la Amazonía —lanzado en 1995 por el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso pero que, hasta el momento, no ha tenido ninguna acción—. Esta institución debe servir para agilizar la protección de la selva y de las comunidades de la región norte de Brasil, la cual alberga el 63,4 por ciento del total de 7.103 comunidades indígenas del país.

En palabras del primer mandatario: “cada vez más, el indio es un ser humano igual a nosotros”. 

La declaración no quedó sin críticas. Pero no sería la última vez que representantes del actual gobierno incurrieron en comentarios de este tipo.

En el mismo semestre, el entonces ministro de Educación, Abraham Weintraub afirmó odiar el término “pueblos indígenas” y, pensando en la igualdad de derechos, señaló que habría que “acabar con esa cuestión de pueblos y privilegios”. 

Estas declaraciones ocurren a pesar de que la Constitución Federal brasileña de 1988 (la de la re-democratización), así como acuerdos internacionales de los cuales la nación es signataria, como la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), garantizan el derecho a la autodeclaración y al territorio considerados originarios.

“Lo que está en disputa hoy es la Constitución, porque el proyecto de este gobierno no cabe dentro de ella. Cuando el ministro de Medio Ambiente (Ricardo Salles) habla de ‘passar a boiada’ (en portugués, pasar la vacada) es justamente eso: cortar y eliminar todas las regulaciones. Eso no es un golpe de Estado al estilo clásico: es una manera lenta y gradual de corroer las instituciones democráticas y, así, exponer a las comunidades indígenas”, afirma Marta Maria do Amaral, expresidenta de la Fundación Nacional del Indio (Funai) entre 2012 y 2013.

Pese a eso, lo cierto es que al menos para la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, la política sobre temas indígenas del gobierno — realizada dela mano de altos funcionarios miembros de misiones cristianas evangélicas —  está “dando buenos resultados”. 

Comenzó con el nombramiento del ganadero Nabhan García, expresidente de la Unión Democrática Ruralista (UDR), en la Secretaría Especial de Assuntos Fundiarios, órgano relacionado con la parcelación y adjudicación de nuevas tierras agrícolas. 

Históricamente, la UDR ha sido una organización que ha respaldado a latifundistas que se enfrentaron a movimientos populares en los años 1960 y contra la reforma agraria.

El segundo acto de esa política ha sido cambiar el perfil a la Funai, subordinada al Ministerio de Justicia y responsable de las demarcaciones de tierras indígenas en Brasil. Solo en 2019, el Consejo Indigenista Misionero registró 829 casos de omisión y morosidad en la regularización de tierras indígenas. 

En Brasil, el 63 por ciento de las 1.298 tierras indígenas tiene algún punto pendiente en su proceso demarcatorio. Para este reportaje intentamos contactar a Franklimberg Ribeiro, primer militar en ocupar la dirección de la Funai en el actual gobierno, quien fue destituido cinco meses después de asumir el cargo. 

“Por decisión personal no trato más el asunto”, respondió vía mensaje de texto.

Al respecto, la representante de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (Coiab), Angela Amanakwa Kaxuyana, afirma que no es poco el impacto de las acciones del gobierno sobre esta institución. “La Funai fue desmantelada. Hoy es un órgano que sirve para atacar los derechos de los pueblos indígenas”, asegura. 

Uno de los cambios que trajo la actual administración de esta institución es la implementación de las “nuevas clasificaciones de identidad”, para denominar a las familias indígenas de por lo menos 724 territorios en diferentes fases de demarcación en el país. Los indígenas pasaron a ser denominados: “de aldea, de la ciudad e integrados”. 

A los funcionarios públicos se les prohibió visitar los territorios indígenas; a los profesionales de la salud, tratar pacientes en plena pandemia. Hubo intentos de autorizar el registro de haciendas en las tierras de las comunidades, lo que ya había sido prohibido por el Supremo Tribunal Federal brasileño.  

El informe «Brasil con Baja Inmunidad», del Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inesc), apunta a que el gobierno ha tomado “sucesivas medidas ejecutivas» para acelerar el desmantelamiento de la fundación. 

“También hay una reorientación de la política socioambiental que pasa por la militarización de los puestos directivos”, señala la asesora política del instituto, Leila Saraiva.

Hoy más de la mitad de los puestos directivos de la Funai están ocupados por generales activos o en reserva. 

Datos del Inesc muestran también una reducción drástica de inversión en la Funai, la cual concluyó 2019 con una dotación de recursos de 673 millones de reales, unos 126 millones de dólares (0,02 por ciento del presupuesto nacional brasileño), cuando en 2013 fue 23 por ciento. 

Estos cambios han implicado la desprotección de los pueblos indígenas. Pero, sobre todo, de los que, como los Guaraní, Akroá Gamella y Guaraní Kaiowá, luchan por recibir el reconocimiento como pueblo indígena de las autoridades estatales.

La falta de este, reconocimiento sumado a las políticas del actual gobierno en Planoalto, y las presiones de los conflictos agrarios y la deforestación ha puesto a sus comunidades y, especialemnte, a sus liderezas, en peligro constante. Esta investigación recoge la historia de tres mujeres que se enfrentan a violencia y desprotección del Estado por esta situación. Funai no devolvió las solicitudes de entrevistas.

Revise las notas en su totalidad.

Crédito de la foto de apertura: Leonardo Milano, APIB