'Ellos se ponen de acuerdo para matarnos. Y nosotros para no morir'
Milena Kokama, 62 años, etnia Kokama, estado Amazonas
Pasaba del mediodía cuando el conductor aceleró al atravesar las calles cercanas al Aeropuerto Internacional Eduardo Gomes de la ciudad de Manaos. El zigzag, aunado al traspaso de autos a alta velocidad, asustaron a la pasajera de 62 años de edad en el asiento del copiloto. Pero no había otra opción. O el chofer aceleraba o ella moría aquel caluroso miércoles 29 de julio de 2020.
Por el retrovisor vio la emboscada: en otro vehículo, hombres armados la perseguían. La penúltima vez que habían intentado matar a Milena Kokama —madre, abuela, líder indígena y vicepresidenta de la Federación Indígena del Pueblo Kokama de Brasil, Perú y Colombia— fue en febrero, dentro de un edificio estatal brasileño.
La seguridad del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia (INPA, por sus siglas en portugués), adscrito al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones de ese país y referencia mundial en el área, había sido reforzada para albergar un seminario sobre minería en tierras indígenas, con un público de indígenas, investigadores, fiscales del Ministerio Público y empresarios de minería a pequeña escala (el llamado garimpo, en portugués).
En esa época, los Kokama —cuenta Milena— ya sentían el aumento de la presión del garimpo en su territorio, algo que los datos comprueban hoy: 2020 será el año con más áreas solicitadas para esta actividad en la última década, según registros de la Agencia Nacional de Minería de Brasil, examinados por la empresa de análisis de datos Novelo, a solicitud de Repórter Brasil.
“¿Usted sabe por qué la minería es tan buena? Porque quien se come el pescado envenenado es mi pueblo”, dijo Kokama durante el encuentro. Tan pronto como terminó, un amigo apuntó hacia a un grupo de más de 12 personas en el auditorio, que reconoció como criminales, y le dijo: “Están aquí. Tienes que huir”.
Con ayuda de parientes, despistó a los sicarios y se escondió.
“Ellos se ponen de acuerdo para matarnos. Y nosotros para no morir. Yo no sé dónde mi cuerpo no siente dolor por tanta amenaza, porque mi alma sangra. Mi alma grita y mientras más lo hace, menos nos oyen”, comenta.
Desde hace dos años, la líder es perseguida por defender la identidad Kokama —borrada y silenciada desde la época de las misiones cristianas, cuando se les prohibía hablar y enseñar su propia lengua— y el derecho a la demarcación, toda vez que parte del territorio Kokama no ha pasado por ese proceso.
El cuestionamiento de la identidad de 14.000 Kokama es la realidad en el Alto (río) Solimões, tierra de sus ancestros. Allí se les llama “caboclos” (un concepto aproximado al de criollo, en español) y “extranjeros”, porque habitan en la región que los blancos entienden como la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú.
Y también porque durante seis décadas los Kokama tuvieron que esconder sus raíces por temor de sus propias vidas.
Es en los años 1990 que, según afirma Altaci Correa Rubim Tataiya Kokama, lingüista y profesora de la Universidad de Brasilia, los Kokama retoman su identidad y su territorio, correspondiente a 16 por ciento de la franja de frontera, cerca del 2 por ciento del estado Amazonas.
Milena es del municipio de Santo Antonio do Içá, una de las nueve ciudades que componen el Alto Solimões. Su comunidad enfrenta un largo proceso de demarcación. Datos del Consejo Indigenista Misionero (Cimi) muestran que, desde hace un año, en ninguna de las 189 tierras indígenas ha habido avance en el proceso.
“La violencia y el conflicto crecen por culpa de la demora. Mientras más tiempo se tarda para demarcar y calificar, más personas pueden sentirse propietarias de la región”, afirma la fiscal Aline Morais.
Ella señala que una de las demandas primordiales del Ministerio Público Federal brasileño es destrabar los principales problemas relacionados con la demarcación. En el estado Amazonas, más de la mitad de los conflictos ha ocurrido dentro de tierras indígenas en alguna etapa del proceso.
“La violencia contra nuestro pueblo ha aumentado con el actual gobierno”, dice Milena.
Sin tierras demarcadas, la presión de invasores — entre ellos madereros, garimpeiros y pescadores ilegales — sobre las familias indígenas aumenta. La inseguridad jurídica y de reconocimiento territorial por parte del gobierno está directamente vinculada con el aumento de la violencia contra los líderes y las invasiones a esos espacios, observa Pedro Rapozo, coordinador de Núcleo de Estudios Socioambientales de la Amazonia.
“Algunos territorios no demarcados están a más de 20 horas de viaje y el impacto mayor es en esas comunidades”.
Datos de MapBiomas, plataforma en línea que mapea las transformaciones territoriales brasileñas, ilustran el avance de la deforestación en la región.
Desde 2018 — cuando el sistema de alertas de esta actividad comenzó a operar — se emitieron 496 avisos ligados a 1.093 hectáreas desforestadas.
El municipio de Milena es el tercero que más ha perdido área de selva.
“No falta monitoreo; falta acción y fiscalización”, afirma Tasso Azevedo, coordinador de la plataforma y exdirector general del Servicio Forestal Brasileño.
La última vez, caciques Kokama fueron a hablar con Milena en busca de socorro porque un grupo de personas había invadido uno de los cementerios de la comunidad en el Alto Solimões.
A guisa de conquistadores, los invasores colocaron una placa, como si el territorio tuviera un nuevo dueño. Después, abrieron las tumbas en busca de bienes materiales ya que, en la tradición Kokama, los muertos son enterrados con los objetos que más les gustaban y usaban en vida, como cerámicas y piezas sagradas.
“Ellos están allá quebrando, manoseando y robando las urnas de mi pueblo ¿Y a quién le grito yo?”, dijo Milena.
A la líder le llegaron fotos de una nueva “área privada”, según reza un cartel clavado dentro del territorio Kokama, cuyo propietario sería Luis Gamileira. Registrado en el CAR (Registro de Inmuebles Rurales, por sus siglas en portugués), el terreno estaría bajo responsabilidad del ingeniero forestal José Uanderson Souza dos Santos, del Instituto de Desarrollo Agropecuario y Forestal Sostenible del estado Amazonas (Idam).
La denuncia de los indígenas sostiene que Souza dos Santos utilizaba el GPS del Idam para solicitar el registro indebidamente, ya que no había sido designado para este trabajo ni había concertado visitas técnicas.
Los indígenas también interceptaron una canoa de Souza dos Santos con animales silvestres asesinados ilegalmente, sin ningún apoyo del Estado. Al ser solicitado para este reportaje, Idam no devolvió. Santos dijo que no estaba en el trabajo cuando “la embarcación fue expulsada criminalmente del puerto por un grupo de personas que cometen una serie de ilegalidades en la región”, y que el caso está siendo investigado.
La dificultad en reconocer criminales y autores intelectuales de delitos de delitos impide que avancen las investigaciones, lo cual mantiene intocable el ciclo de violencia, resume la antropóloga Katiane Silva. “Brasil tiene que entender que en la selva hay emboscadas y confrontación de fuerzas desiguales; que los pueblos indígenas que protegen la selva son cazados y acorralados en una tierra sin ley”.
Hoy coordinadora del posgrado en Antropología de la Universidad Federal de Pará, Silva sigue la lucha de los Kokama por identidad y territorio desde hace más de una década.
La última vez que Milena habló en público fue en junio, cuando su voz alcanzó a medio millón de brasileños que veían el programa Conversa com Bial, un talk show nocturno en la red nacional TV Globo conducido por el periodista Pedro Bial.
La líder denunció cómo la mala gestión en la salud indígena, en plena pandemia del nuevo coronavirus, hizo que llegaran cestas básicas con alimentos vencidos a las comunidades en situación de hambre.
“Cuando no nos asesinan, morimos de Covid 19”, declaró Milena entre largas pausas y llanto.
Más de 37.000 indígenas se han contagiado del virus. Al aire, no pudo contar que está exiliada dentro de su propio país, porque Brasil no es capaz de garantizar la seguridad de los suyos.
“Es como si no tuviéramos derecho a vivir. Como si vivir fuera un derecho absurdo”.
Sin derecho a la identidad
Ya perdí el miedo a morir’, Pjhcre*, de 43 años de edad, etnia Akroá Gamella, en Maranhão