‘Nos quieren matar. Solo que aún no nos han encontrado’

Jaqueline Gonçalves, una líder de 30 años, etnia Guaraní Kaiowá, en Mato Grosso do Sul

En un programa de radio de la ciudad de Dourados, en el estado de Mato Grosso do Sul, un grupo de cuatro locutores discurría sobre un tipo de bolsa de basura ecológica, fabricada con un olor capaz de repeler animales callejeros que rasgan el plástico en busca de restos de comida. 

“Los gatos rasgan bolsas. A los indios también les encanta”, dijo uno de ellos. 

Otro completó: “un olor para espantar a los indios va a ser difícil”.

La naturalización de la violencia que compara a los Guaraní Kaiowá de Mato Grosso do Sul — la segunda mayor población indígena de Brasil — con animales hambrientos llegó como denuncia al WhatsApp de Jaqueline Gonçalves, una de las líderes indígenas del movimiento de mujeres Kunangue Aty Guassu. Mientras redes de abogados y comunicadores organizaban pronunciamientos en contra, diferentes oyentes, estupefactos, se comunicaron con la radio. 

“Aquí no tenemos derecho a ser tratados ni como gente ni como indígenas”, dice Goncalves.

En la escalada de violencia contra los pueblos de la selva, Jaqueline representa a los indígenas que salieron de sus comunidades con la misión de entrar en la universidad para defender el derecho a la tierra y a la identidad, así como para hacer eco de las luchas invisibilizadas. 

En 2010, 2.723 indígenas se matricularon en universidades brasileñas; en 2017, fueron 49.026. 

“Los universitarios son un puente poderoso para compartir información, para hacer que la denuncia llegue a las autoridades públicas. Y esa visibilidad los coloca en riesgo”, afirma la defensora pública federal Daniele Osório

Esta exposición convirtió a Goncalves en blanco de amedrentamientos. El 8 de enero de 2020 su casa fue invadida y rociada con combustible. No se llevaron nada y no prendieron fuego, pero el mensaje fue claro. 

“Ellos quieren matarnos. Solo que no nos han encontrado aún”, señaló la activista. 

Goncalves, que aquel día estaba fuera, nunca más volvió a su casa. Vive escondida. 

“Yo vivo en un vaivén, sin lugar fijo, siempre manteniendo segura a mi familia”, dice.

En Dourados, la identidad de los Guaraní Kaiowá es cuestionada sistemáticamente: o no son indígenas porque usan ropa y celulares; o son tildados de invasores paraguayos. 

“El pueblo indígena en Mato Grosso do Sul está en situación de pobreza, miedo y prejuicio. Cuando la prensa incita al prejuicio y al odio contra los indígenas, este mensaje se comparte y repercute en una región que ya no los acepta ni los reconoce como indígenas, a pesar de que nuestros antepasados estuvieron allí desde antes”, afirma el antropólogo Tonico Benites, quien define esta violencia como cíclica porque, a su juicio, reverbera en la sociedad y refuerza y estimula nuevos actos violentos.

Campos de desplazados

Jaqueline Goncalves es de la comunidad de Jaguapiru en la Reserva Indígena de Dourados, un “campo de desplazados internos” como lo ha definido Marco Antônio Delfino, fiscal del Ministerio Público Federal del estado de Mato Grosso do Sul (MPF-MS). 

El antiguo Servicio de Protección al Indio (SPI, actual Funai) creó la reserva en 1917 para “depositar indígenas” —en palabras de Delfino— de más de 40 etnias, retirados forzosamente de sus tierras con el fin de parcelarlas y venderlas. Para el órgano que antecedió a la Funai, el indígena debía ser integrado y civilizado.

«Siempre pregunto qué pasaría si esa remoción ocurriera con familias enteras en un edificio de Copacabana —barrio de clase media en Río de Janeiro—; un desalojo colectivo hecho en camión, que las llevara a kilómetros de donde vivían, para volverlas ‘civilizadas’”, afirma el fiscal. 

Agrega que, de ser así, todos los años habría memoriales y políticos haciendo discursos en honor a los sobrevivientes y víctimas fatales. 

“Pero son indígenas y a nadie le importan. El hecho es que Brasil practicó traslado forzado y eso es crimen de lesa humanidad”, remata.

Hoy, más de 17.000 indígenas viven en 3.600 hectáreas, un espacio 30 veces menor que el mínimo ideal, según especialistas. 

El proceso de demarcación consta de varias etapas, siendo las primeras de ellas la identificación y delimitación del territorio. El estudio del tamaño adecuado de un territorio indígena toma en cuenta no solo el lugar donde vive la comunidad sino el área necesaria para que mantengan sus rituales, cultura y sobrevivencia.

“Son familias hacinadas sin escuela, atención especializada en salud, seguridad o ninguno de los derechos que se les deberían ofrecer obligatoriamente”, observa Jaqueline. 

Por otra parte y según señala el cacique de la asamblea Aty Guassu, Elizeu Lopes, la pandemia agravó las muchas vulnerabilidades de la comunidad. 

“La pesadilla del coronavirus solo ha aumentado nuestra propia pesadilla, porque los ataques están llegando de todos lados”, afirma.

Sin posibilidad de vivir de la tierra y de la caza ni de practicar su cultura, los Guaraní Kaiowá pasaron a hacer “retomas” en áreas cercanas a la reserva donde vivían sus antepasados, muchas de ellas en estudio de demarcación. Las retomas, en el contexto indígena, son acciones de retorno al territorio de sus ancestros.

“La lucha por habitar los territorios de los antepasados es un aspecto fundamental y determinante para entender la tradición Guaraní, porque es allí donde está el origen de su humanidad. Ellos pueden hasta morir por salvar a la madre tierra”, explica Tonico Benites.

Patrones de actuación y de ataque

“Es un barril de pólvora”, afirma la defensora pública federal Daniele Osorio con respecto a la ciudad de Dourados.

Según la descripción de Osorio, la ciudad fue colonizada a expensas de la vida de indígenas y de expulsiones: modo mediante el cual los latifundistas se hicieron con riquezas. 

“Es un caso extremadamente grave que, obviamente, podría resolverse con un proceso de demarcación de tierras. Pero esa voluntad política no existe”, aseguró.

En 1985, en el estado de Mato Grosso do Sul, las actividades agropecuarias abarcaban alrededor de 15 millones de hectáreas mientras que las áreas de selva poco más de 14 millones, según datos de la plataforma MapBiomas. En 2018 ese número ya rayaba los 20 millones de hectáreas dedicadas al negocio agrícola contra 10 millones de área verde.

A inicios de 2020, una comitiva compuesta por políticos, representantes del Consejo Nacional de Derechos Humanos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil vivió en carne propia un poco de la presión y violencia que los Guaraní Kaiowá enfrentan diariamente en Dourados.

En enero, mientras investigaban denuncias que involucraban acciones armadas de empresas de seguridad privada —llamadas por los indígenas “milicias” —, detenciones arbitrarias y un incendio criminal, guardias privados de los hacendados filmaron a los integrantes de la comitiva. 

El grupo solicitó la presencia de integrantes de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública (equivalente a la Guardia Nacional en Brasil). En marzo, cuando volvieron, escucharon de los indígenas que la Fuerza Nacional no los protegía. Esta vez, según relata el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), guardias de seguridad privados de la empresa Miragem Segurança (que fue denunciada en el caso) bloquearon el acceso de la comitiva alegando que no tenían autorización del “propietario del área”. 

para pastos y agricultura en amarillo
para pastos y agricultura en amarillo
para pastos y agricultura en amarillo
Transición del área forestal en verde oscuro
Transición del área forestal en verde oscuro
Vea el cambio de superficie en Mato Grosso do Sul entre 1985 y 2019: caída del bosque (en verde), crecimiento de pastos y agricultura (amarillo)

El terreno no tiene cercas y está en fase de estudio para ser demarcado como territorio indígena por la Funai. Lo que los guardias trataron pero no pudieron, fue evitar que la comitiva encontrara casquillos de bala calibre 22 disparadas contra la comunidad días antes. 

Además de las conchas, el equipo halló a víctimas baleadas durante la inspección.

De los 40 defensores amenazados en Mato Grosso do Sul, 30 son indígenas. Jaqueline Foncalves afirma que la persiguen desde 2016. 

Los ataques “a la luz del día” reflejan el grado de violencia y deshumanización que afecta la población indígena, afirma el fiscal Marco Antônio Delfino. 

“Las expulsiones a fuerza de bala muestran claramente que estas personas y quienes los contrataron no consideran a las que les están disparando como iguales”, afirma.

La abogada y coordinadora del Núcleo de Derecho Humanos de la universidad Unisinos, Fernanda Bragato, analizó el papel de las milicias en la región a solicitud del Ministerio Público brasileño. Encontró patrones de actuación y de ataque por parte de estos grupos: más de 10 asesinatos y 20.000 indígenas afectados, entre ellos niños y ancianos. 

“Hoy, además de las milicias, hay grupos de hacendados que se organizan en camionetas y caveirões [tractores blindados] para expulsar a los indígenas de tierras en proceso de demarcación. Llegan disparando y matando gente. Esto es y debe tipificarse como crimen de lesa humanidad”, concluyó la abogada.