'Ya perdí el miedo a morir'
Pjhcre*, de 43 años de edad, etnia Akroá Gamella, en Maranhão
Tiros, vehículos que arrancan a alta velocidad, amenazas. En la casa donde Pjhcre, de 43 años, vive con sus hijos, todos los días son de violencia.
“Las áreas retomadas son de riesgo. Y aquí es amenaza mañana, tarde y noche”, describe.
En el contexto indígena, retomar es volver al territorio de los ancestros. Un portón frágil separa su casa de la BR 135, carretera federal que conecta São Luís, capital del estado de Maranhão, con Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais.
“Yo estoy de cara a la orilla del camino. Ya le perdí el miedo a morir”, dice la mujer.
Líder y madre soltera, Pjhcre aceptó hablar utilizando un seudónimo. Ella vive en un área retomada por los indígenas Akroá Gamella, en el interior de Maranhão, el estado brasileño en el que 35 líderes han sido asesinados en los últimos diez años.
En agosto, en plena pandemia del coronavirus, Pjhcre pasó 15 días escondida en la selva para tratar de olvidar el trauma de que un desconocido la siguiera en una camioneta desde el centro de la ciudad más cercana hasta la entrada de su casa.
“Temo por mis hijos, porque aquí ellos no respetan ni a los niños”.
En la región que comprende el territorio reivindicado por los Akroá Gamella, ubicada entre los municipios de Viana, Matinha y Penalva, los indígenas no son reconocidos como tales. Esta negación de su identidad y, por tanto, de los derechos legales y territoriales que la misma supone expone la vida de todos en la comunidad.
Después, Pjhcre rompió el confinamiento que los no-indígenas desconocen para garantizar con la justicia atención en salud para su comunidad… y se contagió de Covid-19. Todo esto porque una directriz interna de la Fundación Nacional del Indio (Funai) de finales de 2019 determina que solo las familias indígenas en tierras demarcadas pueden recibir atención médica, lo cual dejó a miles de niños, adultos y ancianos como los Akroá Gamella, sin asistencia. El Ministerio de Salud informó, en nota, que «le corresponde al Gobierno Federal brindar atención de salud en el ámbito de la Atención Primaria a los indígenas que habitan en tierras demarcadas, según lo dispuesto en la legislación.»
“Aquí hay que luchar por todo. Las amenazas nunca han parado desde la masacre”, comenta refiriéndose al ataque que sufrieron 22 indígenas Akroá Gamella el 3 de abril de 2017, cuando una multitud de más de 200 personas los acorraló y atacó con armas blancas y de fuego.
Dos de ellos perdieron la movilidad de las manos.
El caso llegó al Alto Comisariado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el cual determinó la inclusión de toda la comunidad en el Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos del Estado.
Tres años después, los indígenas que perdieron la movilidad de las manos siguen sin recibir una pensión porque la Funai se negó a enviar un documento en el que reconozca la identidad de los Akroá Gamella, afirma Pjhcre.
La Funai contra los indígenas
En otra acción, la Funai incumplió la decisión del Ministerio Público Federal brasileño de concluir los estudios del proceso de demarcación del territorio Akroá Gamella, muestran los documentos del caso.
“Cuando se tiene una resolución que habla de demarcación, pasa todo ese tiempo y la regularización no llega se fortalece la voz de quien dice que ellos no son indígenas e incita a la violencia en su contra”, afirma Rosimeire Diniz, del Consejo Indigenista Misionero (Cimi).
El territorio de 14.000 hectáreas reclamado por los Akroá Gamella es objeto de por lo menos siete acciones posesorias o peticiones de reintegración de posesión en la Justicia Federal brasileña, promovidas por quienes dicen ser propietarios de esas tierras.
Algunos tienen relación con actores políticos que tuvieron participación en el día de la masacre.
Hay, incluso, un caso que involucra al Poder Judicial del estado de Maranhão.
“El territorio es el principal factor del conflicto, porque los que se asumen propietarios leen ‘retoma’ como proceso de invasión de tierras privadas. Por eso, la delimitación del área por parte de la Funai es extremadamente importante”, afirma el defensor público Yuri Costa.
“Yo conozco el dolor de ser insultada, de tener miedo de morir por un balazo o atropellada, de ver que les nieguen el trato a mis hijos en la escuela por garantizar un derecho que es nuestro. La solución para ellos (los agresores) es que salgamos de aquí y abandonemos toda nuestra historia e identidad. Pero no vamos a dejar que eso pase”, dice.
'Pseudoindígenas'
Cuando se demarca un territorio indígena en Brasil, toda la cadena de transmisión dominial (títulos de propiedad) es cancelada y no hay resarcimiento por la tierra; sólo por bienhechurías como inmuebles y plantaciones. Por eso la demarcación no es del interés de muchos hacendados de la región.
Uno de ellos es Evilasio Jonas Gomes Costa, quien podría recibir más de un millón de reales (aproximadamente 181.000 dólares) por un terreno de 1.103 hectáreas conocido como Terra dos Índios (tierra de los indios) en el municipio de Viana, que incide en territorio de los Akroá Gamella. Lo buscamos para el informe, pero el no respondió a las solicitudes de entrevista.
El terreno está en proceso de expropiación avanzada en el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria brasileño (Incra).
La entidad ofreció 241.572,62 reales (cerca de 44.000 dólares) por la tierra. Gomes Costa apeló y pidió una “indemnización justa”, como informa uno de los documentos. Un nuevo perito evaluó el área y el valor saltó a 1.300.000 reales (235.000 dólares).
Gomes Costa es hermano de Laércio Costa, quien fue director estatal del partido PTN (actual Podemos) y secretario adjunto de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Maranhão en la gestión del exagente de la Policía Federal brasileña, Aluísio Guimarães Mendes Filho.
El día de la masacre em 2017, Mendes Filho, actual diputado federal (PSC) y líder adjunto del gobierno Bolsonaro en la Cámara de Diputados, se pronunció contra los “pseudoindigenistas” ante decenas de propietarios rurales y políticos en la “Manifestación por la Paz”, evento público al que se señala como detonante del ataque.
El equipo, en varias ocasiones, intentó sin éxito contactar a los abogados de Evilásio en Río de Janeiro, por teléfono y correo electrónico, y con el partido por el que se presentó como candidato en las elecciones. Incra no devolvió una solicitud de entrevista hasta el cierre de esta edición.
Siguiendo el ejemplo de la Funai en Maranhão, la Policía Federal (PF), órgano responsable de la investigación de la masacre de 2017, cuestionó la identidad de los Akroá Gamella en documentos oficiales producidos por los investigadores.
«El día que casi mataron a mi hijo, la PF llegó aquí llamándonos invasores y ‘los que se dicen indios’. Fue así como comenzó la investigación para hallar culpables”, cuenta Pjhcre.
Uno de los documentos de la instrucción policial de la PF a los que Repórter Brasil tuvo acceso dice: “Del contacto visual con tal grupo de personas no se observó predominancia significativa de rasgos comunes a los indígenas sino una variedad de rasgos raciales comúnmente encontrados en Maranhão”.
La Defensoría Pública de la Unión y entidades de la sociedad civil introdujeron una acción para exigir que estos fragmentos sesgados fueran retirados de la instrucción.
Un año después, la petición, que ni siquiera ha sido juzgada, generó una reacción interna en la Policía Federal: un despacho del 16 de junio de 2020 del delegado Rodrigo Santos Correa, quien asumió el caso, dice que la autodeclaración no es atribución de la Policía Federal.
Pero los fragmentos sesgados de la instrucción producida por los equipos de la PF siguen allí.
De acuerdo con un fragmento del documento firmado por Correa, en la primera versión de los hechos se habla del incidente como “un conflicto desencadenado por el intento de ocupación de dos inmuebles ubicados en el área que alegadamente integra el territorio del pueblo Gamella”.
Buscada para comentar estos hechos, la Policía Federal no respondió a las solicitudes de este reportaje.
“Para nosotros está muy claro. La instrucción de la PF marcha hacia una incriminación de los indígenas sin investigar la responsabilidad de los no-indígenas en la masacre de 2017”, afirma el abogado Rafael Silva, miembro de la Comisión Pastoral de la Tierra, organización que hace seguimiento del caso desde que se supo de las muertes.
Sin identidad reconocida ni territorio demarcado, los Akroá Gamella han asistido a la desaparición brusca de la selva en su territorio.
“Vemos pastos abandonados, cabeceras de ríos sin vegetación. Nuestra sensación es que todo se está acabando”, describe la líder de la comunidad.
Datos de MapBiomas —una red de ONGs, universidades y empresas de tecnología que monitorea la deforestación en Brasil— muestran que no se trata solo de una percepción. En poco más de dos décadas el área de bosque natural de la ciudad de Viana ha perdido 22.324 hectáreas, mientras que la agropecuaria ha ganado 35.813.
Otro tanto ha ocurrido en las ciudades vecinas de Matinha y Penalva.
“Esta lucha no es solo de nuestra comunidad; es de todos. Yo espero que Brasil despierte pronto a esta realidad”, demanda Pjhcre.
Miedo, pobreza y prejuicio
“Nos quieren matar. Solo que aún no nos han encontrado”,
Jaqueline Gonçalves, una líder de 30 años, de la etnia Guaraní Kaiowá, en Mato Grosso do Sul